El Congreso de los Diputados ha aprobado un derecho para los funcionarios, pero no para los trabajadores del sector privado. En España, quienes tienen hijos con cáncer u otra enfermedad grave pueden pedir una reducción de jornada de al menos el 50%, percibiendo el salario íntegro, hasta que estos cumplan 23 años. Si además existe una gran discapacidad, la ayuda puede extenderse hasta los 26. Pero hay novedades: a partir de ahora, los empleados públicos que estén en este último caso podrán hacer uso de este permiso más allá de ese límite, si persiste la necesidad de cuidados. Así lo aprobó la Cámara baja el 16 de septiembre, en el pleno en el que se votaron las enmiendas incorporadas en el Senado a la reforma de las leyes de dependencia y discapacidad, por 338 votos a favor y solo seis en contra. Es decir, que mayoritariamente el PSOE y Sumar, los partidos en el Gobierno, apoyaron la iniciativa. En el Senado, donde el PP tiene mayoría, se había aprobado previamente esta misma medida para el sector privado. Sin embargo, el Ejecutivo lo vetó después en el Congreso, argumentando que estaba preparando ya su propia iniciativa para regularlo. El resultado es una desigualdad más entre ambos tipos de trabajadores.
