“Si denunciar en un contexto de violencia machista es una mierda para todas, con las mujeres negras es aún más complicado”. Lo dice al otro lado de la pantalla Iliassou Olalla Benjumea, una de las fundadoras de la asociación Biznegra y coordinadora del estudio que esa organización ha realizado este año sobre mysogynoir ―un concepto acuñado en 2010 por Moya Bailey, académica, escritora, activista feminista afroamericana y profesora asociada en la Universidad Northwestern, que define la forma concreta de opresión que sufren las mujeres negras y afrodescendientes―, los estereotipos y los prejuicios que pesan sobre ellas, y cómo eso determina el tratamiento y la atención a las que son víctimas de violencia de género en España.
¿Qué dice la legislación en España?
La investigadora liassou Olalla Benjumea explica que el análisis que han hecho para el estudio de las distintas leyes, tanto nacionales como autonómicas, concluye algo claro: que aunque ha habido una evolución desde la Ley Integral contra la Violencia de Género, de 2004, –“que apenas incorporaba menciones dispersas a inmigrantes y minorías” y “no tenía marco antirracista”, según el estudio– hasta la ley de Libertad Sexual, de 2022, –“que introduce explícitamente interseccionalidad y discriminación múltiple”–, sigue habiendo una víctima tipo –“blanca, nacional y heterosexual”–, y que la normativa autonómica es muy dispar. Hay regiones con normativa sobre interseccionalidad que alude a ella pero que tiene un desarrollo limitado. Son por ejemplo Cantabria, Navarra, Baleares, Castilla-La Mancha y Asturias.
Hay otras que el estudio denomina como “rezagadas”, –entre otras, Canarias, Galicia, Aragón, Madrid, Murcia y, en gran medida, Castilla-La Mancha en su ley de violencia–, “donde la diversidad étnico-racial y la situación migratoria prácticamente no aparecen en la normativa específica sobre violencia de género. Las leyes suelen hablar de ‘mujeres en situación de especial vulnerabilidad’ sin desagregar a qué colectivos se refieren, o directamente omiten cualquier alusión a raza, etnia o migración”, se lee en el informe.
Y por último hay legislaciones más avanzadas, por ejemplo Extremadura, La Rioja, País Vasco, Andalucía, Castilla y León y Cataluña. “Pero sobre el texto”, dice Olalla refiriéndose a la legislación catalana, entre otras. “Habla de raza, de inclusión, pero de repente entrevistas a las mujeres y no saben dónde están los recursos. Hay información, pero no hay canales adecuados para hacérsela llegar”, afirma. Esto, dice, deriva “de un problema de base para analizar cuál es la coyuntura y la dimensión real de la problemática de la violencia machista en mujeres negras. Y hay una negativa del Estado a hablarlo, porque como España no es un país racista, no hace falta recoger datos. Se convierte en la pescadilla que se muerde la cola”. Al revisar la literatura científica “no hay apenas estudios en este campo”. Y “son necesarios y urgentes, porque solo si se conoce un problema se puede empezar a trabajar sobre él, y no se está haciendo”.
