Desde que el pasado miércoles Dámaso Fernández se saltara una orden de alejamiento y asesinara a Laura Cruz en el cuartel de la Guardia Civil de Llanes donde ella vivía y trabajaba desde hacía años, este periódico ha tenido acceso a documentación policial y judicial que habla de ciertas grietas que no son específicas de ese caso, sino que son patrones que continúan produciéndose a la hora de tomar decisiones sobre la violencia que sufren las víctimas y, por lo tanto, en la protección que se les da. Entre ellas, una que distintas personas cercanas al proceso judicial han señalado como clave estos últimos días: la reiterada negativa de la justicia a condenar al exguardia civil por violencia de género habitual y por acoso, algo que la Fiscalía pidió desde el primer momento.
